Nacer en Argentina, una experiencia peligrosa
Dr. Jorge Vinacur
Coordinador
Subcomisión de Salud Pública - SOGIBA


En el año 2010 murieron 355 madres, al igual que en los últimos 20 años, y el año que viene también. Las embarazadas tienen control prenatal, los partos son institucionales (98,7%), son asistidas por profesionales entrenados (médico o partera: 95%), sin embargo estos indicadores no permiten ser optimistas. Para brindar cuidados adecuados no alcanza con tener un hospital con profesionales entrenados, sino que requiere un entorno conductor, al que lleguen suministros adecuados y oportunos, con una asistencia de calidad, supervisión y facilidades de derivación. Más del 60% de las maternidades públicas no reúnen las condiciones esenciales para asegurar la asistencia obstétrica y neonatal.

No hay información adecuada sobre los cuidados posparto, a pesar de que es en este período donde ocurre la mayoría de las muertes maternas y muchas muertes neonatales. Es posible que la mujer no concurra a controles posparto porque no sepa que debe hacerlo, no recibe ningún beneficio en buscar asistencia luego del nacimiento o los costos de hacerlo son elevados (La asignación por embarazo para protección social no alcanza al puerperio). Se requiere fortalecer y apoyar al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para mantener la capacitación y provisión de insumos en esta etapa del proceso reproductivo.

El cociente entre la provincia con mortalidad infantil más alta (Formosa: 17,8 por mil) y la más baja (CABA o La Pampa: 7 por mil) es de 2,5. Si se hace este cálculo con mortalidad materna, el cociente entre la más alta (Formosa: 16,2 por diez mil) y la más baja (CABA o Río Negro: 0,9 por diez mil) es 18. Esto refleja una muy fuerte evidencia de inequidad en el riesgo de muerte materna entre provincias. Independientemente del grado de desarrollo de sus sistemas de salud, las provincias más pobres y más ruralizadas son las que mayor apoyo requieren.

Argentina no alcanzará los Objetivos del Milenio con los que se comprometió. En la actualidad, las madres más pobres de este país (25% de la población. La Nación, editorial 27/1/12) no están recibiendo la amplitud de cuidados que necesitan para evitar la mayoría de los riesgos de muerte materna. Los requerimientos de pequeñas maternidades en áreas remotas y aisladas, son totalmente diferentes de las maternidades del conurbano o de las grandes ciudades. El tamaño (número de camas o de nacimientos) de una maternidad no es el punto central, sino la organización que garantiza seguridad y calidad. Parecería haber conflicto entre la necesidad de dar cuidados de obstetricia próximos al domicilio de la paciente y la necesidad de asegurar la asistencia por profesionales capacitados y con infraestructura suficiente para dar protección en todas las eventualidades. Las primigestas requieren alguna intervención médica en un 30% de los casos. Si bien la mayoría de los embarazos y partos son normales, se requiere una reorganización de la actual configuración de los servicios. Dada la heterogeneidad del financiamiento y dependencia de los servicios, no puede proponerse un modelo único.

Si se implementara un paquete completo de cuidados para el primer nivel de atención y un sistema de derivación adecuado, podrían lograrse avances. No se necesita de nuevas tecnologías o nuevos conocimientos sino políticas que permitan realizar intervenciones efectivas. El desafío es equipar con profesionales a quienes se les brinde capacitación continua (estos son los que determinan la performance del sistema), una infraestructura adecuada, suministros y fármacos, y sobre todo un proceso organizativo y un contexto político que defina el paquete de cuidados que se brindaran en todas las maternidades públicas, especialmente aquellas a las que concurren las mujeres más vulnerables, las marginadas y excluidas de acceder a los servicios obstétricos esenciales. Los servicios deben responder adecuadamente a sus necesidades, brindar cuidados y dar protección financiera para enfrentar las consecuencias de las complicaciones. Se deben fortalecer los incentivos salariales para los obstetras y parteras que asisten en esos servicios; se deben dar premios por presentismo, fortalecer la moral y mejorar las condiciones de trabajo al equipo de salud de esas instituciones.

Hay que remontar una infraestructura deteriorada, asegurar la provisión de suministros y fármacos, mejorar estándares de cuidados, garantizar un sistema de transporte y de derivaciones que asegure la disponibilidad de servicios de calidad las 24 hs. para emergencias obstétricas, sobre todo en las provincias con sistemas de salud más débiles. La tarea es política, las madres no pueden estar reducidas a un conjunto de programas destinados a una población objetivo. La alternativa significa políticas de salud en un nivel macro y movilización de recursos a nivel provincial y nacional. Estas políticas exigen rapidez y visibilidad de resultados, participación de las sociedades científicas y de obstetras en el más alto nivel de conducción. El problema de la mortalidad materna es mucho más político y organizativo que técnico. Pedimos ayuda para cambiar esta realidad.